17.4.12

Repsol planea demandar a Argentina ante el Banco Mundial y planea también pleitear contra el Gobierno de Cristina Fernández en EE UU

El ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, es desde ayer interventor de YPF, con todos los poderes en la compañía hasta ayer controlada por Repsol. Junto al proyecto de ley remitido al Parlamento, la presidenta argentina dictó ayer un decreto urgente por el que interviene la empresa por 30 días. Con ese respaldo legal, las autoridades argentinas expulsaron de la sede de YPF a directivos de la compañía. Mientras, en Madrid, la dirección de Repsol estudiaba con sus asesores jurídicos la estrategia a seguir para defender sus intereses. Las fuentes consultadas señalan que la vía más factible para la compañía española es presentar una demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

La empresa comunicó anoche a laComisión Nacional del Mercado de Valores que "llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas". Repsol se reserva las acciones que le correspondan conforme al "derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones España-Argentina".

Ambos países están sujetos a los arbitrajes de un organismo del Banco Mundial para proteger las inversiones extranjeras. Los pleitos se dirimen a través del Centro Internacional sobre Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), muy conocido en Argentina porque el Gobierno del país ha sido objeto de numerosas demandas ante el mismo. Entre las empresas que recurrieron al Ciadi hubo numerosas compañías españolas como Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona. La mayor parte de ellas acabaron retirando sus demandas tras pactar con el Gobierno, pues, dada su vocación de continuidad en el país, entendieron que era preferible hacer las paces con el Ejecutivo. En el caso de Repsol, la situación es diferente. Es casi imposible que el arbitraje ante el Ciadi le restituya la propiedad y el control de YPF, con lo que la estrategia de Repsol puede ser llevar el pleito hasta el final y su objetivo, lograr la mayor indemnización posible.

Las menciones de Repsol al derecho argentino y a los mercados de valores señalan que la petrolera española planea también pleitear contra el Gobierno de Cristina Fernández en su propio terreno y también en EE UU, puesto que YPF cotiza en Wall Street.


El proyecto de ley remitido por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento argentino prevé que sea el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que fije el precio a pagar por la expropiación, de acuerdo con una ley que prevé que "la indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación" y que "no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse" ni "se pagará lucro cesante". Sin embargo, las leyes locales de expropiación no vinculan las decisiones que tome el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

El Ciadi es el mismo tribunal ante el que Francisco Hernando Contreras,El Pocero, ha demandado a Guinea Ecuatorial al considerar que dicho país ha roto los acuerdos para realizar una serie de promociones. Otras empresas españolas que han presentado recientemente demandas contra países ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial son Elecnor e Isolux Corsán contra Perú por un litigio relacionado con concesiones de transmisión de electricidad y supervisión y control contra Costa Rica por un acuerdo de concesión para construir y gestionar unas instalaciones de inspección técnica de vehículos.

Uno de los problemas que tiene la apelación al Ciadi es que los procesos se demoran enormemente. Argentina suele recurrir en primer lugar la validez de la jurisdicción y solo la resolución sobre las cuestiones preliminares puede durar más de dos años. La decisión puede durar otros tres años y no es raro que el país perdedor ponga trabas además a la ejecución del laudo, lo que puede demorar aún más la espera.

Repsol considera que la medida anunciada es "manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional".

Repsol considera discriminatorio que sea el único accionista de YPF sujeto a la expropiación. La empresa española tiene una participación del 57,43% en YPF, con un valor patrimonial a cierre de año de 4.122 millones. Además, mantiene un préstamo con el Grupo Petersen valorado en 1.542 millones, si bien el Gobierno argentino no planea expropiar la participación de este grupo.

YPF representó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del grupo, un 21% del resultado después de impuestos y el 33,74% de las inversiones. Con la expropiación, la deuda neta de Repsol se reducirá en 1.600 millones al dejar de consolidar YPF.



Por Caparros desde España en Argentina, o algo así.



Qué bueno que Cristina Fernández de Kirchner se haya dado cuenta de lo obvio. La Argentina necesita cierto control sobre la explotación de sus hidrocarburos. Yo lo escribía –entre tantos otros– hace un año en mi libro Argentinismos:
"La Argentina es uno de los pocos países productores de petróleo que no tiene una compañía estatal hegemónica: sí las hay en México, Venezuela, Brasil –para citar tres países con gobiernos variados. Y en Chile, blasón del neoliberalismo, no hay petróleo, pero el cobre nunca dejó de pertenecer al Estado. Aquí, en cambio, el peronismo de los noventas vendió por dos guitas YPF –con gran beneficio para varios de sus jefes, entre ellos los doctores Carlos Menem y Néstor Kirchner–, y el peronismo de los dosmil no hizo nada para recuperarlo. Al contrario, extendió licencias de explotación y consolidó el sistema. Así que la actividad está en manos de empresas multinacionales que no sólo reparten miles de millones de dólares de utilidades entre accionistas extranjeros sino que, además, dedicaron todos estos años a llevarse todo lo que pueden sin invertir en prospección y búsqueda de nuevos yacimientos. Es su ventaja comparativa: lo más caro de la extracción petrolera no es sacarlo sino buscarlo; las multinacionales no precisan hacerlo, a menos que el Estado los obligue. El Estado argentino y peronista no lo hace, así que los muchachos petroleros sacarán mientras haya y, cuando se acabe, se irán con sus barriles a otra parte.
"Por eso entre 2003 y 2010 la producción de petróleo bajó un 18% y la de gas un 8%. Por eso en 2001 la Argentina exportaba el 1,02% del petróleo mundial y, en 2009, el 0,38%. Por eso en 2003 la Argentina importaba 550 millones de dólares de petróleo y derivados, e importó 4.450 millones el año pasado: casi nueve veces más. Por eso –por ese modelo– un país que siempre pudo abastecerse en petróleo y gas se está quedando sin recursos."
En esos días, Cristina Fernández y los suyos sostenían en foros y discursos que YPF-Repsol funcionaba espléndido. Ahora cambiaron: su argumento de hoy dice que el Estado argentino debe recuperar algún control sobre sus combustibles porque las importaciones de combustibles se están comiendo el superávit comercial. Tanto que –dijo Fernández– "de proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración nos convertiríamos en un país inviable".
Es cierto. Sería mucho más cierto si agregara que ella y su marido estuvieron entre los líderes más entusiastas de la desnacionalización, y que ella y su marido consiguieron gracias a la privatización 500 millones de dólares que nunca reaparecieron, y que ella y su marido fueron los que obligaron a Repsol a venderles a sus amigos Eskenazi una parte importante de la empresa con el dinero de la propia empresa, y que ella y su marido apoyaron y elogiaron con todo entusiasmo –hace solo meses– a esa empresa argentinizada, y que ella y su marido gobernaron durante estos nueve años de desnacionalización y desinversión.
Cristina Fernández dijo que no quería contestar agravios ni improperios: "Soy una jefa de Estado y no una patotera", dijo, y era curioso que pensara que debía decirlo. Pero también se tomó el trabajo de aclarar que no tiene nada contra las empresas extranjeras si reinvierten en la Argentina –"nos tocó ayudar a la General Motors y a la Fiat", dijo– y que este "no es un modelo de estatización; es un modelo de recuperación de la soberanía y el control", pero que "seguimos conservando el modo de sociedad anónima y de empresa privada". Business as -más o menos- usual.
Para justificar lo cual dio una lista de los países que tienen empresas petrolíferas nacionales. "No estamos inventando absolutamente nada", dijo la presidenta, claro. Las empresas nacionales son legión: es cierto que esta ley de Fernández no haría mucho más que restablecer cierta lógica capitalista en una situación que el peronismo de los noventas, con gran ayuda de los señores Kirchner, había desquiciado.
El control del Estado sobre la exploración y explotación de hidrocarburos es necesaria, y probablemente el Congreso va a sancionar la ley que hoy se presentó. El problema es el Estado que lo va a manejar: un Estado controlado por un gobierno incompetente que trabaja para su propio poder, que conspira para enriquecer a sus amigos, que cambia los jueces que no le gustan, que silencia las voces que no lo lisonjean, que mantiene a tantos en la pobreza y la desesperanza. Un gobierno, sobre todo, cuya política energética produjo la emergencia que, ahora, pretende remediar: otro clásico del gobierno opositor. Vamos todavía.
Actualización (15.45). Con el debido respeto: sospecho que este blog rebosa de analfabetos funcionales. ¿Cómo, si no, entender que haya tantos que califican de "cipayo" y "vendepatria" a quien dice que siempre estuvo a favor de las empresas petroleras estatales y nacionales?



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"Las decisiones tomadas por los diferentes países son decisiones que ellos deben justificar y deberán vivir con ellas", declaró Clinton en una conferencia de prensa que brindó en Brasil, donde se encuentra en una visita oficial de dos días.

La palabra de Hillary fue la primera reacción oficial de un funcionario norteamericano luego de que Cristina Kirchner enviara al Congreso un proyecto para expropiar más de la mitad de las acciones de la compañía petrolera.

La jefa de Estado mantuvo un encuentro el pasado sábado con Barack Obama, en el marco de la Cumbre de las Américas de Cartagena. De acuerdo a la información oficial, el tema YPF no fue objeto de la charla bilateral.

"Esta decisión será muy debatida, y con razón. Un mercado abierto de energía y commodities es el mejor modelo de competencia y acceso al mercado", agregó Clinton, quien dijo desconocer los detalles sobre la decisión argentina.

La posición mexicana

El presidente de México, Felipe Calderón, calificó como "muy poco responsable y muy poco racional" el anuncio de la Argentina de expropiar la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

La decisión fue calificada por el mandatario como "claramente violatoria de acuerdos y tratados" sobre respeto recíproco de inversiones.

Luego agregó: "Definitivamente me parece muy lamentable que el gobierno de Argentina, de nuestra buena amiga Cristina Kirchner, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie", al tiempo que dijo que espera que Argentina rectifique su posición y recordó que la petrolera mexicana Pemex posee un 10 por ciento de las acciones de Repsol.

"Si queremos dar empleo no es con proteccionismo ni expropiaciones, sino con comercio e inversiones recíprocas (...) Nadie, en sus cinco sentidos, invierte en un país que expropia las inversiones", agregó Calderón.

Cabe recordar que el presidente de España, Mariano Rajoy, arribará este martes a México para participar en el Foro Económico Mundial para América Latina a desarrollarse en Puerto Vallarta, en el marco del cual se espera que exprese de manera oficial la postura que desea sea adoptada en el marco de la reunión del G-20 que presidirá en junio próximo la nación norteamericana sobre la decisión argentina.


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