5.3.12

El Subte: es tuyo, mio, de nadie.

Mauricio es tuyo.
Mauricio Macri expresó que "la inmensa mayoría de la gente" lo
respalda en su negativa a aceptar el traspaso de las seis líneas de
subte y el Premetro a la Ciudad.

"En la medida que se cree un nuevo espacio de trabajo de buena fe,
vamos a estar", sostuvo Macri, quien afirmó que su "obligación es
trabajar en conjunto" con la presidenta Cristina Fernández.
El jefe de gobierno de la Ciudad señaló que "la inmensa mayoría de la
gente, que decide caso por caso", en el conflicto por el subte "ha
creído" sus explicaciones para suspender las negociaciones con la
Nación.

"En este caso del subte nos ha creído a nosotros. La gente dijo que
debo aceptar el subte con los recursos" económicos necesarios para
gestionarlo, destacó Macri en declaraciones a "Hora Clave", programa
que se emite por Canal 26.

El jefe de gobierno porteño volvió a cuestionar la decisión expresada
por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de retirar a
los agentes de la Policía Federal de la vigilancia del subte y el
Premetro.

Al respecto, señaló que si el gobierno nacional retrotrae esta
situación y se hace "cargo de los incumplimientos" económicos "de los
últimos años" puede cambiar de opinión y aceptar el traspaso del
servicio de transporte público a la Ciudad.
"Nuestra actitud es constructiva. Queremos ayudar porque ellos (por el
gobierno nacional) tienen problemas de transporte en todo el país y
queremos descargarlos de la tarea. Estamos dispuestos a asumirlo pero
sin ninguna posibilidad de ser cómplices y seguir sosteniendo un
sistema (de transporte) que fue debilitado enormemente en la
inversión", comentó.

Julio es tuya.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, envió una carta
al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la cual lo intima a
hacerse cargo del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos
Aires.
"Intimamos formalmente, y con la inmediatez que la presentación del
servicio público requiere, a cumplimentar todas las obligaciones a
cargo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indica el
texto de la misiva enviada por De Vido.
Asimismo, advierte sobre "las responsabilidades civiles,
administrativas y penales que su obrar intempestivo y antijurídico
ameritan".
El texto tiene por objetivo rechazar la misiva del 1 de marzo, en la
que el gobierno porteño expresó: "...damos por suspendidas las tareas
de la Comisión creada por el Acta Acuerdo, continuando en manos del
Poder Ejecutivo Nacional la administración del Contrato de Concesión
de Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires".
El gobierno nacional consideró que aquella misiva resulta
"jurídicamente improcedente" y consideró que "además de ilegítima,
irrazonable y arbitraria, deviene inconstitucional".
En tanto, se remarcó que "el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y
depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el
Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso".
Por ello, la nota aclara que "se ha dado cumplimiento en forma total,
cabal y estricta" a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y
"en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas
imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad no surgen claros del
contexto de su nota".
En el Acta Acuerdo, la Ciudad ratificó "la decisión de aceptar la
transferencia" del servicio de subterráneos y asumió "el control y
fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así
también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del
servicio".
En ese sentido, se indicó que el aumento tarifaria aplicado por la
Ciudad mediante el Decreto CABA 27/12 "comporta un reconocimiento
indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un acto de
ejercicio de las potestades que se transfirieron".
En la nota se indicó que la decisión de "suspender" las tareas de la
Comisión "en forma unilateral por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, su no agotamiento o levantamiento, en ningún
caso conmueve la vigencia efectiva de la decisión administrativa
adoptada por ese gobierno local".
Asimismo, por ser un contrato inter-administrativo "la ruptura
intempestiva de los mismos, en forma unilateral, resulta
improcedente", se indicó.
"La torpeza en el ejercicio de la función administrativa -que puede
advertirse en un discurso o declaración mediática- no es oponible
cuando se trata del Estado o de los hombres que son investidos como
funcionarios o servidores públicos, por el voto popular; la actitud
debida es aquella que honre no sólo los pactos y la ley aplicable,
sino el compromiso de garantizar un servicio público propio de esa
jurisdicción y que ya ha sido aceptado", remarcó De Vido en la misiva.
"Le corresponde a ese Gobierno (el porteño) cumplir con la manda
constitucional que lo obliga a tutelar el servicio de transporte
objeto de la presente, de cara a legitimar su rol como Jefe de
Gobierno, respetando y manteniendo la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires", concluyó el texto.

"Y si no fuera así -afirma De Vido en su carta- existen en el Estado
de Derecho, como el nuestro, vías parlamentarias o judiciales, para
acudir frente a la incertidumbre que le aqueja al jefe de Gobierno
sobre el alcance de sus actos propios".

 Judicializar el conflicto

 La Ciudad presentó una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que no haya cambios en el control de los subtes "hasta tanto" el Ejecutivo nacional cumpla con las obligaciones del acta acuerdo. De este modo, judicializó el conflicto con la Nación. De Vido había intimado esta mañana a Mauricio Macri

El pedido de "no innovar", al que accedió Infobae.com, exige que la Justicia ordene al Estado nacional -Ministerio de Planificación Federal- que "se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero, quinto y concordantes" del acta acuerdo firmada a principios de año.

Los artículos citados en el escrito judicial aluden al compromiso que había asumido el gobierno nacional de abonar $360.000.000 en concepto de subsidios en un plazo de doce meses y a la obligación porteña de aplicar como método de percepción de boletos el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), entre otros aspectos técnicos del acuerdo..

Entre los argumentos que la Ciudad mencionó como “fundamento jurídico” de la pretensión, aludió a la Resolución 10 de la Secretaría de Transporte en donde se “incumplió la obligación asumida en el artículo tercero” del acta acuerdo.

Es que, según el análisis de los equipos técnicos de la Ciudad, dicha norma administrativa implicaba la “eliminación de todo subsidio a cargo del Estado nacional”.

Como segundo punto de conflicto, el gobierno porteño recordó la reciente polémica por el retiro de la Policía Federal de los andenes, “lo que pone en riesgo a las personas de los usuarios y a los bienes afectados a la prestación del servicio público de transporte subterráneo”.

La Ciudad hizo reserva de la cuestión federal, esto es, que en caso de considerarlo necesario podría llegar a la Corte Suprema por las respectivas vías de apelación, teniendo en cuenta que hay derechos de orden constitucional en pugna.

Más allá de los aspectos técnicos-jurídicos, la presentación de la medida cautelar significa el arribo de la cuestión a los estrados judiciales, algo que ya el propio Poder Ejecutivo Nacional había indicado a través del vicepresidente, Amado Boudou, y el ministro Julio De Vido, quienes habían señalado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema.

De hecho, el máximo tribunal de justicia del país tiene "competencia originaria" para los casos en que alguna provincia es parte -artículo 117 de la Constitución Nacional-, lo que significa que el tema de fondo podría tratarse directamente ante la Corte sin pasar por las instancias inferiores.



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