16.2.12

La Ministra de Seguridad Nilda Garré es la agente 99. La responsable del Proyecto X. El Kirchnerismo espía a todos.

Nilda Garré. Montonera, Millonaria, Antisemita y Buchona de la policia.

Quebracho es el mejor ejemplo de un grupo de la SIDE y
que es atendido, comandado y financiado por su propia dueña. La Garré.

Ambientalistas ahora son terroristas. El Kirchnerismo espía a todos. Quebracho es el mejor ejemplo de un grupo "tareas" de la SIDE y que es atendido, comandado y financiado por su propia dueña. La candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, La Ministra de Seguridad, la Montonera y millonaria Nilda Garré. Nilda estas hasta las manos.

La Gendarmería Nacional dependiente de la Ministra Nilda
Garré reconoció la existencia de una unidad en la
fuerza que realiza tareas de inteligencia: una base de datos
denominada en la jerga interna Project X (Proyecto X).

Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación resolvió presentar un pedido "de urgencia" a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que se presente en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja a declarar sobre las tareas de espionaje llevadas a cabo por Gendarmería Nacional en el marco del Proyecto X.
La iniciativa pertenece a Patricia Bullrich, y diversos diputados de los bloques de Unión por Todos, el PRO, la UCR, el GEN, el socialismo se unieron al pedido.
La denuncia fue presentada por Javier Hermosilla, delegado gremial de la comisión interna de Kraft; Nora Cortiñas, de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo; María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); la abogada Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas; entre otros.


Los diputados del pro pidiendo información sobre las posibles violaciones a la ley 25.520 de inteligencia. Esto si es un verdadero contrasentido. Porqué no la hacen mas corta y tomando el camino mas corto , a 1ooo metros le preguntan a Macri que es el UNICO procesado por violar exactamente, esa ley, y mas precisamente, los artículos que se mencionan. El ya supo pasar por un procesamiento en primer y segunda instancia, con fallo unánime. Su experiencia es inmensa.

"Nilda Garre, alias la comandante Teresa, ingresó con la categoría 24, la más alta del escalafón del ministerio, que se equipara a Director Nacional. Este puesto lo tuvo durante la presidencia del Teniente General Onganía y posteriormente de los Generales Levingston y Lanusse, causa por la cual no se sabe por qué ni el diputado Bonasso ni ningún fiscal de la Nación no la acusan de ;colaboracionista con una dictadura.

Desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré, dijeron que “por ahora” no iba a hablar ningún funcionario sobre el tema.
La abogada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, avanzó más allá de la denuncia judicial sobre la base de datos denominada ‘Proyecto X‘ y advirtió que además esa fuerza ‘no‘ cumple con un Protocolo originado en el ministerio de Seguridad, que le impide a sus agentes actuar de civil a las manifestaciones.
En el marco de la denuncia efectuada por diferentes organizaciones sociales en relación a la infiltración de la Gendarmería Nacional en manifestaciones, radicada ante el juez federal Norberto Oyarbide, Bregman señaló que para hacerlo la Gendarmería desconoce “el Punto 11 del Protocolo que viabiliza la ministra Nilda Garré, en dónde se les explica a las provincias cómo deben actuar y en dónde se ratifica que no pueden hacer inteligencia interna”. En ese Punto 11 “se dice que los integrantes de las fuerzas no pueden vestir de civil”, añadió la letrada.
Según explicó Bregman, “en la práctica, la Gendarmería reprime, desaloja, pero también arma informes de inteligencia y luego se presentan como testigos en las causas y terminan siendo la prueba de cargo para que los compañeros terminen procesados”.
El diputado de la UCR Juan Pedro Tunessi solicitó al Poder Ejecutivo que a través de los organismos competentes se indique si se tiene conocimiento de la existencia del ‘Proyecto X‘ y si es así quién lo ordenó y si la fuerza de seguridad considera la actuación de los líderes sociales y gremiales como delictiva.
El legislador, en caso de respuesta afirmativa, pide que se remitan fotocopias de las actuaciones administrativas referidas al denominado Proyecto X, sus hipótesis de seguridad interior y exterior nacional o ciudadana vigentes y se informe si las protestas sociales se encuentran como hipótesis que afecten a la seguridad nacional.
El senador nacional Jaime Linares (GEN) aseguró hoy que el Proyecto X "demuestra que este Gobierno no tiene nada de popular, porque apela a los mismos mecanismos de las fuerzas represivas.  En un Estado democrático, las fuerzas de seguridad no pueden ser espías, ni infiltrados de las organizaciones populares", advirtió.
Y agregó que "la Gendarmería está violando la ley de inteligencia sancionada en el 2001 y vulnerando la Constitución Nacional y las normativas internacionales en materia de derechos humanos". Finalmente, recordó que "ya hemos denunciado casos similares de la Policía Provincial que nos dejaban dudas y si a esto lo ponemos en el marco de la ley Antiterrorista, demuestra que la matriz de seguridad no ha sido adaptada durante la democracia".

María Victoria Moyano Nieta recuperada, miembro del CeProDH y militante del PTS

Fecha: Jueves 16 de febrero de 2012
Es una barbaridad lo que esto implica. Éramos un grupo grande de organismos que acompañamos todas las protestas de los trabajadores de Kraft. En una de ellas esta gente infiltrada (desde ya que no nos dábamos cuenta) le sacó una foto a Elia y una a mí.
Hoy, en 2012, la Gendarmería hace espionaje, nos saca fotos. Yo quisiera saber concretamente cuántos datos tienen míos y de mis compañeros. A Elia y a mí no nos procesan, porque procesar a una Madre de Plaza de Mayo y a una nieta recuperada es escandaloso. Pero no tienen problemas en procesar a aquellos dirigentes que salen a luchar.



LA RESPUESTA DE NILDA 
Es lógico el ataque de Videla a Néstor Kirchner en el reportaje que ofreció a una revista española. Néstor fue el único capaz de romper el nudo gordiano de la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. Videla es parte de una embestida de sectores que aborrecen la política de defensa irrestricta de los Derechos Humanos iniciada por Néstor Kirchner y avalada hoy desde los tres poderes del Estado Nacional. 
En el marco de esta política y estos principios Néstor Kirchner primero y Cristina después también han sostenido una clara y permanente posición respecto a la no criminalización de la protesta social y a los límites a la acción policial en esas situaciones.
Por eso resulta paradójico hoy que sectores que no pueden acreditar esa coherencia nos acusen de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales.
 

El objetivo de Proyecto X sería obtener información personal,
movimientos bancarios, hábitos, creencias y direcciones de líderes de
movimientos sociales y gremiales. Se recaban datos sobre recursos
financieros y bancarios y detalles de índole privada, como si la
persona fuma o bebe alcohol.

Proyecto X se utilizaría como "herramienta de análisis y orientación"
en causas judiciales. "La base de datos se nutre de información que
surja durante el transcurso de una investigación judicial (nombres,
teléfonos, direcciones,a podos, vinculaciones, vehículos, lugares,
peritajes, etc)", explicó el comandante general Héctor Schenone, jefe
de Gendarmería, en una nota enviada a la Justicia a la que accedió LA
NACIÓN.

La información fue originalmente difundida anoche en el programa A dos
voces, que se emite por TN. En el Ministerio de Seguridad, que conduce
Nilda Garré y del que depende Gendarmería, dijeron hoy a DyN que "por
ahora" ningún funcionario hablará sobre el tema.

QUÉ PASÓ

En noviembre, un grupo de delegados gremiales y activistas de derechos
humanos se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide para
denunciar penalmente que "en diversas manifestaciones y reclamos
gremiales y sociales se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal
por parte de la Gendarmería Nacional Argentina".

La denuncia fue presentada por Javier Hermosilla, delegado gremial de
la comisión interna de Kraft; Nora Cortiñas, de la Línea Fundadora de
Madres de Plaza de Mayo; María del Carmen Verdú, de la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); la abogada
Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas; entre
otros.
"Solicitamos se investigue la responsabilidad de los máximos oficiales
de la Gendarmería Nacional dado que lo que aquí se denuncia es una
práctica que aparece como institucional", sostuvieron en la querella a
la que tuvo acceso LA NACION.

"Queremos denunciar que la información que la Gendarmería obtiene
clandestinamente, en forma ilegal, se va «blanqueando» mediante su
presentación en diversos expedientes judiciales", explicaron.


De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la “gobernabilidad democrática con cooperación”



La sanción de la más reciente ley antiterrorista del gobierno peronista de los Kirchner, la octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas, comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios.

Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la “gobernabilidad democrática” sustentada por la “cooperación continental”.

Toda calificación de “conspirativa” de estas afirmaciones desaparece si se ingresa al sitio web del FMI y se lee el “Manual para la redacción de leyes” en la sección “Represión del financiamiento del terrorismo”, publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional el 4 de agosto de 2003. Allí, didácticamente se explica a los gobiernos de los países sometidos a EEUU cómo ajustar su legislación interna, salvando las dificultades técnicas que pudieran surgir por las diferencias que existen entre los variados sistemas jurídicos vigentes.

La nueva ley en nada se diferencia de las anteriores, ni en su contenido ni en la forma de su sanción. A principios del mes de octubre, el GAFI reclamó, de nuevo, al gobierno argentino que avanzara en la sanción de leyes antiterroristas, pues las dictadas entre 2003 y 2009 no alcanzaban. En cuestión de horas, el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el poder ejecutivo había enviado al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.

Al día siguiente de la conferencia de prensa ministerial, las principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba, aplaudieron la medida y ratificaron su apoyo al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina, mostrando con claridad qué intereses se defienden con ese tipo de leyes.

El proyecto, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del autor sea “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, ya es ley, votada por la mayoría kirchnerista, buena parte del PJ no kirchnerista, y renombrados “progres” como Martín Sabatella y sus compañeros de bancada de Nuevo Encuentro, el ex radical Carlos Raimundi y el banquero del PC, Carlos Heller.

La ley se sumó a la dictadas, siempre en obediencia al poder imperial, desde 2003: la 25.765 y la 25.764, ambas de agosto de 2003, que recogieron buena parte del contenido de los proyectos fracasados, en 1995 y 1997, impulsados por el menemismo, el radicalismo y el Frepaso, como el arrepentido, el informante, el testigo de identidad encubierta; las leyes 26.023 y 26.024, de abril de 2005, que ratificaron e incorporaron al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU; la ley 26.087, de abril de 2006, que modificó el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y dio más facultades para la UIF; la ley 26.268, de julio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista”, de recolección o provisión de fondos para tales asociaciones, y, finalmente, en noviembre de 2009, la ley 26.538, que amplió más el Fondo permanente de recompensas.

De allí que resulte llamativo que, después de su total silencio frente a los proyectos anteriores, igual de peligrosos, esta nueva reforma “antiterrorista” del código penal concitara la atención de los políticos del sistema, de los grandes medios y de organizaciones y “personalidades” íntimamente vinculadas –cuando no orgánicas- del partido de gobierno. La inusitada reacción comenzó a partir de que, puesto a defender la ley, entonces todavía en forma de proyecto, el director de la UIF (Unidad de Información Financiera), José Sbatella, dijo que el propósito no era perseguir opositores, sino castigar como actos terroristas las corridas cambiarias, los golpes de mercado o la emisión de noticias falsas.

Sbatella, que antes de ser funcionario kirchnerista pasó por la gestión pública en los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa, abrió, seguramente sin desearlo, el debate. Sus palabras motivaron la inmediata reacción del establishment financiero y del aparato empresarial de medios, que lanzaron titulares como “Éramos pocos y a los medios nos llegó la ley antiterrorista” (nota del editor general adjunto de Clarín, 24/12/2011).

“Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización de la protesta social”, dijo el senador radical Ernesto Sanz, cuyo partido encabezó el represor gobierno de la Alianza, que asumió en diciembre de 1999, fusilando autoconvocados en el Puente General Belgrano de Corrientes, y escapó fusilando a los manifestantes en todo el país, en diciembre de 2001. Rubén Giustiniani, referente del Frente Amplio Progresista, llamó “paradójico” que “en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”. No le parece paradójico, claro, que el gobierno provincial de su “Partido Socialista” en Santa Fe registre los mayores índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías desde hace más de cinco años.

Otra voz “progresista” que se alzó fue la del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que habló de la “extorsión del GAFI” y llamó “disparate” al proyecto, adjetivo que nunca usó para referirse a sus propios fallos limitando la aplicación del delito de tortura a los hechos ocurridos durante gobiernos militares, pues sostiene que, en democracia, la aplicación de tormentos nunca puede constituir más que delitos menores, excarcelables y prescriptibles, como apremios o vejaciones.

También desde el propio riñón kirchnerista hubo críticas, como las formuladas en sendos comunicados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. El segundo se quejó por la “imprecisión de los términos”, mientras que la organización dirigida por Estela Barnes de Carlotto (cuyo hijo Remo votó afirmativamente en el recinto) advirtió que: “Si bien el Gobierno sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo (…) y los gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta”. O sea, bastaría una definición más concreta de “terrorismo”, y jueces y gobernadores que sean fieles kirchneristas, para que no tuviéramos nada que temer…

Los kirchneristas y sus aliados, escandalizados por la grosería represiva de la norma –a ellos les gustan las cosas más sutiles-, depositan sus esperanzas en que la presidenta, cabeza del poder ejecutivo que remitió el proyecto al congreso, y jefa de un gobierno que lleva promulgadas siete “leyes antiterroristas” anteriores, vete la iniciativa. Son contradicciones propias de las fricciones internas entre los distintos bloques burgueses, sin que ninguno de ellos abandone su posicionamiento antipopular.

Todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores, legitimados por el “legal ejercicio de la superior función de protección del orden público”, y que vemos actuar a diario, cuando los jueces usan informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar sus fallos.

Ahora, es “terrorismo internacional” cualquier acto que tenga por propósito “aterrorizar a la población”, y nada causa más terror a la burguesía que la clase trabajadora organizada y en pie. Es “terrorista” quien pretenda “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”, lo que, claramente, es aplicable a cualquier movilización que exija una medida de gobierno o la repudie.

En la actualidad, jueces y fiscales tienen suficiente, con las normas que ya existen, para represaliar a gusto a los luchadores populares. Tenemos compañeros acusados de “extorsión” por reclamar un aumento de sueldo; por “amenazas coactivas” por defender un paro de actividades; por “homicidio” por defenderse de una patota; por “entorpecimiento del normal funcionamiento de un establecimiento productivo” por hacer un piquete frente a una fábrica, sin olvidar las figuras típicamente usadas para reprimir la protesta, como la interrupción del tránsito vehicular terrestre y el atentado y resistencia a la autoridad, o las creadas con ese específico fin, como la prepotencia ideológica, la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública y las variantes de la asociación ilícita, “calificada” y “terrorista”.

La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para defender sus privilegios.

Las leyes antiterroristas –ésta, y las siete anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia.

La excusa, hoy, es el terrorismo. Como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, para responder en forma unificada ante cada ataque al pueblo trabajador.

- El programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire a partir del primer fin de semana de marzo, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.



LA compañera TRAIDORA





prevención por ella establecidos; Ley 25.246 modif. Por Ley26.683 –Lavado de activos de origen delictivo-.En este orden de ideas, Gendarmería Nacional ensus funciones como policía auxiliar de la Justicia Federal odel Ministerio Público, realiza investigaciones y prevenciónde delitos en cumplimiento de las directivas emanadas porlos Tribunales, Jueces o Fiscales Federales. Es habitualque en el marco de investigaciones judiciales, losMagistrados y/o Ministerio Público ordenen, al personalabocado a la ejecución de tareas investigativas, identificarlugares, personas, vehículos, actividades, zonas, etc. Esamisma tarea puede ser realizada también en función del art.183 del CPPN ante la puesta en conocimiento y/o presencia dela presunta comisión de un delito de acción pública.Para ello, el personal de la Fuerza, según lascircunstancias (lugar, peligrosidad, cantidad de personas,tipo de delito, urgencia, etc) podrá realizar la tarea enforma discreta y/o encubierta (vistiendo de civil), todo conel fin de “impedir que los hechos cometidos sean llevados aconsecuencias ulteriores, individualizar a los culpables yreunir las pruebas para dar base a la acusación” (art. 183citado).Es de destacar que toda la actividad que sedesarrolle, tanto en la prevención de delitos y/o en tareasde investigación judicial, se lleva a cabo con elconocimiento inmediato e intervención de la autoridadjudicial competente, quienes en definitiva tienen a su cargoel curso de la investigación.
2.

Reglamentación escrita o derivada de usos o costumbres queregulen la formación y el contenido de “bases de datos” o“registros de información” tendientes a concretar ambasfunciones (de investigación y prevención de delitos).
La Fuerza cuenta con TRES (3) “Bases de Datos”que se nutren de información suministrada por el RegistroNacional de Reincidencia y Estadística Criminal,requerimientos y notificaciones judiciales, RegistroNacional de la Propiedad Automotor, Registro Nacional de lasPersonas, Registro Nacional de Armas, Dirección Nacional deMigraciones y como consecuencia de la actividad

investigativa y procedimental judicial que ejecutaGendarmería Nacional.a.

Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG)

:
esta basede datos se utiliza a los fines de registrarantecedentes de personas y vehículos, pedidos desecuestros de vehículos y de armas. Adicionalmentepermite realizar la registración migratoria de personasy vehículos.El sistema permite el ingreso descentralizado deinformación al igual que su consulta en forma remotasolamente a través del sistema de intranet deGendarmería Nacional.Esta base contiene información vinculada conmigraciones (en parte unificada con la DirecciónNacional de Migraciones), antecedentes de personas(detenidas por la comisión o presunta comisión de algúndelito), solicitud de captura nacional e internacional,prohibición de salida del País, solicitud de paradero,antecedentes de vehículos (titularidad, solicitud desecuestro, existencia de crédito prendario).Se adjunta como anexo I copia del procedimientooperativo normalizado (PON) del Sistema de antecedentesde Gendarmería Nacional.b.

Sistema de Gestión Operativa (SGO)

:
esta base de datosse utiliza con los fines de registrar el total de losprocedimientos policiales y judiciales realizados porla Institución en su despliegue territorial. Estesistema permite el ingreso descentralizado deinformación, al igual que su consulta en forma remotasolamente a través de intranet de Gendarmería Nacional.Se adjunta como anexo II copia del procedimientooperativo normalizado (PON) del Sistema de GestiónOperativa de Gendarmería Nacional.c.

Proyecto “X”:
esta base de datos se utiliza comoherramienta de análisis y orientativa en causasjudiciales, así como en apoyo informativo a UnidadesOperativas, de Investigaciones Judiciales eInteligencia Criminal del despliegue institucional, confines judiciales. La base de datos se nutre de toda la


información que surja durante el transcurso de unainvestigación judicial (nombres, teléfonos,direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares,peritajes, etc).Su función principal es auxiliar el trabajo deentrecruzamiento de datos (comunicaciones telefónicas –por informe judicial-, lugares, personas, períodos detiempo, etc.) a los fines de una mejor investigacióncriminal judicial.Se adjunta como anexo III copia del procedimientooperativo normalizado (PON) del manual de guía delprograma principal “Project X” de Gendarmería Nacional.Asimismo se adjunta a la presente en soportedigital copia del presente informe con sus respectivosanexos.

Sin otro particular, saludo a V.S.
atentamente.
HECTOR BERNABE SCHENONE
Comandante General



Garre la traición

En noviembre de 2011 un grupo de personalidades y organismos de Derechos Humanos encabezado por el CeProDH, patrocinando a los obreros y obreras de Kraft y PepsiCo, presentó una denuncia contra la Gendarmería Nacional por haber comprobado que esta fuerza realizó inteligencia y espionaje sobre activistas y militantes de organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas y de Derechos Humanos.
Como resultado de esas tareas (prohibidas por las propias leyes reaccionarias de inteligencia) esta fuerza represiva recogió y aportó las “pruebas” con las que se terminó procesando penalmente a dirigentes y militantes obreros, estudiantiles y de la izquierda.
Tras un pedido judicial motivado por esta denuncia, el propio jefe de la Gendarmería, comandante Héctor Schenone, reconoció por escrito que la fuerza a su cargo sostiene el denominado “Proyecto X”, una base de datos personales de dirigentes sindicales y políticos elaborada principalmente a través de la infiltración ilegal de personal civil en manifestaciones, asambleas y otras actividades. Schenone responde directamente a las órdenes de la ministra Nilda Garré.
Que el jefe de una de las máximas fuerzas de seguridad del país -la “perla” uniformada de CFK- admita la existencia de estas prácticas, lejos de mostrar una “irregularidad” o “anomalía” en el funcionamiento del aparato represivo del Estado burgués deja al descubierto que desde las propias entrañas del poder estatal se investiga y persigue a quienes se organizan para luchar por sus derechos económicos, gremiales y políticos. En estos casi nueve años el kirchnerismo tuvo como norte volver a esta “normalidad” después de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001.
Los obreros y obreras de PepsiCo y Kraft desenmascaran el espionaje realizado sobre ellos durante 2009 y 2010. Pero desde 1983 a la fecha esos “centros de reunión de información” (así los denomina la Gendarmería) son herramientas fundamentales del aparato represivo de esta democracia para ricos que se parecen a los utilizados por este mismo Estado durante la dictadura genocida.
En Argentina hay más de 5.000 luchadores obreros y populares procesados. Muchos de ellos son trabajadores que, como los de Kraft y PepsiCo, soportan procesos y hasta embargos de centenares de miles de pesos por haber salido a defender a sus compañeros, enfrentar despidos y luchar por demandas elementales contra la dictadura patronal en fábricas y empresas y contra sus sirvientes millonarios, los burócratas sindicales. El denominado “Proyecto X” demuestra que es el mismo Estado quien arma causas apelando a prácticas que están por fuera incluso de la propia legalidad burguesa.
No es posible sostener ni un minuto más los procesamientos que pesan sobre los compañeros y compañeras de Kraft y PepsiCo. Esas causas deben caer de inmediato al comprobarse que se armaron en base a inteligencia y espionaje ilegal.
El gobierno debe hacer pública toda la base de datos del denominado “Proyecto X”, entregándole la información recopilada a cada una de las víctimas de esta flagrante violación a las libertades democráticas.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras, los partidos de izquierda y todo quien se reivindique democrático debemos impulsar una gran campaña para terminar con el espionaje y la infiltración contra quienes luchan por las causas de los explotados y oprimidos, hasta lograr la destrucción de la base de datos del denominado “Proyecto X” y otras similares que posean otras fuerzas estatales o paraestatales.
El próximo 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe genocida, debemos volcar  esta campaña en las calles junto a la exigencia de la inmediata anulación de la Ley Antiterrorista, la anulación de las causas o condenas de todos los luchadores obreros y populares, el cese de la represión a quienes luchamos contra los explotadores y sus fuerzas represivas, la libertad de los presos por luchar como Carlos Olivera, y la disolución de todos los organismos de inteligencia sobre las organizaciones de lucha y la izquierda.



--

El Portal del Barrio de Palermo
http://www.palermonline.com.ar/index.html
http://palermonlinenoticias.blogspot.com/
http://barriodepalermo.blogspot.com/
http://palermonline.com.ar/wordpress
https://twitter.com/palermonline
http://www.facebook.com/pages/palermonline/56338272261
http://barriodepalermo.blogspot.com/2011/10/qr-code.html
http://palermonlinenoticias.blogspot.com/view/mosaic
https://plus.google.com/u/0/b/115904736046952899795/
Hazte fan

No hay comentarios:

/* blog_palermo */ 2

Imanes para Utilirarios

Imanes para Utilirarios
Imanes para Autos

Páginas vistas la semana pasada

buscador blog