8.2.12

Informe Rattenbach. Malvinas

Malvinas
Formalizan el decreto que ordena desclasificar Informe Rattenbach
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que ordena la
desclasificación del Informe Rattenbach, trabajo que evaluó las
responsabilidades políticas y militares en la guerra de Malvinas, y
crea una comisión para analizarlo antes de darlo a conocer
públicamente.
Se trata de la decisión firmada este martes por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en el marco de un acto en la Casa de Gobierno,
donde también anunció que la Argentina denunciará ante Naciones Unidas
a Gran Bretaña por militarizar el Atlántico Sur.

El decreto, formalizado hoy con su publicación, lleva el número
200/2012 y las firmas de la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y
el ministro de Defensa, Arturo Puricelli.

"Elévase de la clasificación de seguridad establecida, conforme con
las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su decreto reglamentario Nº
950/02, al informe final elaborado por la ´Comisión de análisis y
evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares
en el conflicto del Atlántico Sur` (Informe Rattenbach), sus
antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y
toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho informe",
ordena el primer artículo.

En el artículo 2do. dispone crear una comisión "a los efectos de
aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la presidenta de la Nación
la parte de la documentación contenida en el informe mencionado en el
artículo 1º cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio
pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o
las relaciones exteriores".

Este análisis previo es para que Cristina, "en su condición de Jefe
Supremo de la Nación, responsable de las Relaciones Exteriores de la
Nación y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación,
disponga mantener o no el carácter de ´clasificación de seguridad` en
los términos de la Ley Nº 25.520".

La comisión en cuestión estará conformada por un representante del
Ministerio de Defensa y otro representante de la Cancillería.

Finalmente, el decreto invita a formar parte de esa comisión al
coronel retirado Augusto Benjamín Rattenbach, hijo del autor del
informe, el fallecido general retirado Benjamín Rattenbach.

En los considerandos, la decisión oficial subraya que "el accionar de
la dictadura que consumó el terrorismo de Estado demuestra que la
información y/o documentación clasificada con carácter ´no público` no
estuvo destinada a la protección de intereses legítimos sino que, por
el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal del
gobierno de facto".

En ese marco, señala que "pasados 30 años del conflicto bélico del
Atlántico Sur y casi la misma cantidad de años de restablecido el
Estado democrático, no es posible seguir consintiendo la
inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el
carácter de `secreto de Estado` o cualquier otra clasificación de
seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente
cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".

Además, destaca que "mantener clasificaciones de seguridad de carácter
no público, respecto de información y documentación relativa a la
época de la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la
política de memoria, verdad y justicia que el Estado argentino viene
adoptando desde el año 2003".



Tras la derrota en la Guerra de las Malvinas, la Junta Militar de la última dictadura argentina, en un intento por tomar otra vez la iniciativa política perdida por el descontento popular y el descrédito de las Fuerzas Armadas, creó una comisión encargada de analizar y evaluar el desempeño de dichas fuerzas en el conflicto bélico del Atlántico sur. Este informe ha sido catalogado como "el documento más objetivo y fidedigno sobre la responsabilidad de los jefes militares y subalternos, que podría ser la base para un futuro juicio por la verdad sobre este conflicto bélico".
La comisión se creó por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 (resolución nro. 15/82) durante el gobierno de Reynaldo Bignone y llevó el nombre oficial de Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur.
La comisión estuvo compuesta por:
  • Teniente General (R) Benjamín Rattenbach (Ejército)
  • General de División (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante (Ejército)
  • Almirante (R) Alberto Pedro Vago (Armada)
  • Vicealmirante (R) Jorge Alberto Bofi (Armada)
  • Brigadier General (R) Carlos Alberto Rey (Fuerza Aérea)
  • Brigadier Mayor (R) Francisco Cabrera (Fuerza Aérea)

La comisión recibió amplios derechos para solicitar "informes, documentos, antecedentes y todo otro elementos que se estime útil, a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlo dentro del término que se fije bajo apercibimiento de Ley. Al efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido."
El fin de la investigación fue definido en el decreto como:
El desempeño en el ejercicio de las funciones y las responsabilidades emergentes respecto de la conducción política y estratégico militar del conflicto.
Las responsabilidades de cualquier persona, sean de carácter penal, disciplinario y/o del honor que surjan de lo actuado y que, a su juicio, deban ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción común o militar respectiva, en la forma que legal y reglamentariamente corresponda.

Contenido del informe

La comisión entregó el resultado de su trabajo en un informe escrito de cinco partes:

Introducción
En la introducción se describen los fundamentos legales y las razones de la investigación, sus fuentes, su nomenclatura y la estructura del informe.

Antecedentes del conflicto
Se analizan detalladamente los planes realizados por el gobierno para solucionar el conflicto así como el contexto internacional y regional en que tuvo lugar el enfrentamiento.

Evaluación y análisis crítico
Se investiga el accionar de las fuerzas armadas argentinas durante la guerra en base a informes solicitados a los oficiales que cargaban responsabilidad en los hechos. Es un análisis crítico y hecho en un lenguaje objetivo que a veces puede parecer hiriente. Las fallas son nombradas y analizadas.

Determinación de las responsabilidades
Se listan las responsabilidades de los estamentos militares y civiles durante la guerra, entre otros de: la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Gabinete, cada uno de los Comandantes de las Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto, etc. Asimismo encuadra las responsabilidades en el marco jurídico argentino.

Experiencias y enseñanzas

Nombra concretamente las recomendaciones en:
Organización de la Nación para la Guerra
Política Militar
Código de Justicia Militar
Servicio Exterior
Inteligencia Estratégica
Acción Psicológica
Doctrina Conjunta
Debilidades de las FF.AA. en el conflicto

Por último se redacta el acta de constancia de finalización de la comisión, donde se nombran los destinatarios de los diez ejemplares firmados del informe, estos son, la Junta Militar, los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y un ejemplar para cada uno de los seis miembros de la comisión.


Consecuencias del informe

El informe recomendó penas graves para los responsables de lo que calificó como una "aventura militar" (que implicaban la pena máxima para algunos de ellos), pero su influencia sobre el juicio posterior fue prácticamente nula.

Sin embargo, desde el punto de vista político e histórico el informe sepultó definitivamente cualquier intento de los dirigentes militares y políticos de la época por encubrir o relativizar sus responsabilidades.
Según testimonio del hijo del Teniente General Rattenbach, el informe fue adulterado para proteger a los jefes militares, eliminándose referencias a los cargos "en lo penal militar" de los altos jefes y a la rendición sin combatir en Georgias.


El informe nunca ha sido publicado oficialmente, aunque recientemente se ha anunciado su desclasificación y posterior publicación.
La revista semanal Siete Días en sus ediciones nº 858 y 859 (23 y 30 de noviembre de 1983) le dedicó su tapa y gran parte del número a dicho documento; de esa forma éste salía a la luz pública de manera extraoficial. Luego se publicó en forma de libro al menos en dos ocasiones. Actualmente se puede acceder a la versión no oficial a través de diversas páginas web.
En abril de 2007, los diputados nacionales Federico Storani y Pedro Azcoiti presentaron un proyecto de ley (expediente 1350-D-2007) para proceder a la publicación del informe.
El 25 de enero de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la conformación de "una comisión para la reapertura y conocimiento público del informe Rattenbach".
Finalmente, el 7 de febrero de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la firma del decreto 200 que estipula la disponibilidad para conocimiento público del informe en un plazo no mayor a 30 dias.

La Plaza de mayo  la llena cualquiera.

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Malvinas: investigación militar podría ser la base para el juicio por la verdad 
Se trata del Informe Rattenbach, que realizó una comisión de las Fuerzas Armadas ni bien finalizó la guerra. El documento revela las responsabilidades de altos jefes. Asegura, por ejemplo, que no existió plan de defensa ni de ataque, y que no se proveyó a la tropa con armas, ropa o comida

El Informe Rattenbach, elaborado por una comisión investigadora con integrantes de las tres armas de las Fuerzas Armadas no bien terminada la guerra de Malvinas, asoma como el documento más objetivo y fidedigno sobre la responsabilidad de los jefes militares y subalternos, que podría ser la base para un futuro juicio por la verdad sobre este conflicto bélico, creen ex combatientes y dirigentes de Derechos Humanos. 
La citada investigación “remarca las negligencias y la falta de aptitud militar, que llegan hasta los jefes de compañía. También asegura que no existió un plan de defensa ni de ataque, y que no se proveyó a la tropa con armas, ropa y comida”, recuerda en diálogo con Hoy el ex combatiente y actual fiscal de juicio de La Plata, Gabriel Sagastume. 

 
Sagastume integró la Compañía A del Regimiento 7 de La Plata, que estuvo apostada en las inmediaciones de Monte Longdon, donde se libró la decisiva batalla. Como otros conscriptos, fue estaqueado al piso y privado de alimentos. 

 
Para Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, “ese informe (Rattenbach) es fundamental, porque desnuda el pésimo manejo militar de los responsables de la guerra. Y marca responsabilidades políticas y penales”. 
De este modo, Cañón también brindó su apoyo a la iniciativa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que mantiene reuniones con el ministerio de Defensa para realizar un juicio por la verdad similar que se se sustancia por los crímenes cometidos durante la dictadura. La noticia fue adelantada por Hoy en su edición de ayer. 
Para la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, “los ex combatientes están en todo su derecho de conocer la verdad. Me parece correcto que se haga un juicio de manera seria”. Ante una consulta de Hoy, Carlotto reconoció que directivos del CECIM mantuvieron algunos contactos con ella para que apoye su iniciativa. 

 
El Informe Rattenbach fue elaborado durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone meses antes del retorno de la democracia. En ese momento, las FFAA convocaron a tres jefes retirados de cada una de las armadas para que conformen una comisión investigadora. La misma fue presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach, que realizó un pormenorizado estudio técnico con las órdenes que se dieron y con lo que hubiese correspondido hacer según establece el Reglamento Militar. El documento nunca fue publicado oficialmente por ningún gobierno hasta el momento. 
“La fuerza, empleada equivocada e inoportunamente, no es el medio idóneo para hacer valer los derechos frente al adversario y ante la comunidad internacional”, dice el Informe de Rattenbach. 
El escritor Osvaldo Bayer, que realizó un prólogo de esta investigación, recordó en un artículo publicado que el informe establece: “...las capacidades del enemigo han sido consideradas en forma poco profunda”. 
Rattenbach reseña la irresponsabilidad de iniciar una guerra cuando “la clase 1963 no había completado su instrucción básica ni se había completado la instrucción elemental de tiro y combate”. En sus conclusiones, dice del general Mario Benjamín Menéndez: “No exhibió ni evidenció las aptitudes de mando y arrojo indispensables en la emergencia”. En otras palabras, la investigación Rattenbach ahora podría servir de sustento para el juicio por la verdad.
Opiniones
Hugo Cañón, titular de la Comisión por la Memoria y Fiscal General ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, piensa que el juicio por la verdad sobre Malvinas “es viable, tanto para conocer la verdad cómo para definir la responsabilidad de jefes y subalternos”. Por su parte, el fiscal y ex combatiente, Gabriel Sagastume, coincide en que este es el momento oportuno para realizar un juicio de dichas características. “Habría que determinar si los posibles delitos pueden encuadrar en una categoría que transformen en imprescriptibles a estas conductas. De lo contrario, por más que se alcance la verdad luego no se podrá llegar a una condena penal”, grafica Sagastume. 
En tanto, Jorge Vázquez, fundador de Malvinas Punto de Encuentro (MAPUEN) y de la Coordinadora Nacional de Ex Combatientes, piensa que primero se debe definir el criterio para recopilar el material y luego establecer ante quién se van a realizar las denuncias.




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