30.1.12

El FBI borrará todos los contenidos de Megaupload

El FBI comenzará a borrar este jueves todos los archivos que se
encontraban en el banco de datos Megaupload, luego de retirar todas
las pruebas para inculpar a los dueños.


Las autoridades federales de EEUU han decidido desoír las demandas
judiciales que están por presentarse de ciudadanos en todo el mundo
para poder recuperar fotos, videos personales, y hasta trabajos.


Las empresas Carpathia Hosting y Cogent Communications Group podrían
iniciar el borrado indiscriminado de datos esta misma semana, según
los fiscales.


Mientras que el abogado de Megaupload, Ira Rothken, reclamó que se
conserven no únicamente para apoyar la defensa de Megaupload, también
para preservar los intereses de 50 millones de internautas que habían
depositado documentación personal en el servicio.


Por otra parte, el grupo de hackers Anonymus en su lucha contra la Ley
Sopa y demás legislaciones antipiratería subieron a su blog datos
personales del ministro de Cultura de España, José Ignacio Wert y la
exministra Angeles González Sinde, cuyos teléfonos móviles, domicilios
y correos electrónicos (y también de sus familiares) fueron filtrados.


En España, la ley Sinde busca frenar la descarga sin autorización de
contenidos protegidos por derechos de autor y que entra en vigor en
marzo.


También se publicaron teléfonos y correos electrónicos de actrices
como Ana Alvarez y Willy Montesinos, cineastas como Chus Gutiérrez y
Carlos Bardem, y del presidente de la Academia de Cine, Enrique
González Macho.


También hay datos del músico David Bisbal y de Juan Carlos Cuello, ex
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y
Editores de España.


Anonymus incluyó amenazas a otras figuras de la política y la cultura
que se pronunciaron en contra de la piratería y a favor de la ley
Sinde en España y de la ley Sopa en EEUU.


Mientras tanto en EEUU, el tratamiento de la Ley Sopa continúa trabado
y la prensa local informó que esta decisión fue una reacción a la
violenta clausura de Megaupload.


Por esos días, la iniciativa, tenía el apoyo de 80 congresistas, y tan
solo 31 oponentes, pero al día siguiente, sus detractores alcanzaban
los 101, mientras que sus defensores se quedaron en 65.


Este drástico vuelco fue provocado por la ola de protestas de las
industrias de internet, como Microsoft, Google, Facebook, Wikipedia y
Twitter.


Esta normativa está enfrentando a dos grupos poderosos y sus
consiguientes lobbystas; por un lado las cámaras que nuclean a la
industria discográfica, a Hollywood y a las editoriales y enfrente a
los monstruos de Internet y la informática.

"Una legislación analógica para un mundo digital no sirve"
En el marco del debate que han instalado distintos proyectos de ley
que en Estado Unidos y Europa planean controlar la piratería en
internet, Natalia Calcagno, coordinadora del Sistema de Información
Cultural de Argentina (SInCA), plantea que "una legislación analógica
para un mundo digital no sirve" y advierte que "el problema está en la
distribución, porque la industria cultural se está expandiendo".

"Hay una reconversión tecnológica y una nueva forma de producción de
la cultura que necesita una legislación nueva. Lo que quieren hacer
leyes como PIPA, SOPA y Sinde es penar al que no actúa como si viviera
en un mundo analógico. `Si no te comportas igual que cuando vas a la
librería a comprar el libro, a la disquería o al cine, estás
cometiendo un delito`, parecen decir", asegura Calcagno a Télam.

"Es algo psicótico: las mismas empresas, como Microsoft -que apoya
abiertamente a PIPA- y que generan el desarrollo tecnológico que
habilita al usuario a una nueva forma de consumo, ahora dicen que está
mal usar la red de esa manera", agrega esta socióloga que investiga
los comportamientos económicos de la cultura.

El bloqueo de enlaces de descargas de películas como Megaupload (con
el consiguiente encarcelamiento de sus dueños), intentos de leyes que
castigan a los usuarios, hackeos a páginas oficiales, apagones y
revuelos en las redes hicieron del espacio virtual un campo donde se
están librando nuevas batallas para configurar al medio de
comunicación global por excelencia.

"Las leyes antipiratería son analógicas, antieconómicas, no aplicables
y tienen una voluntad de control. Es imposible pensarlo a escala
global porque son millones de descargas por día. Lo que hacen entonces
es bloquear y no ponen a alguien público para ejercer ese control,
sino a los propios proveedores de contenido, como los pibes de Cuevana
-indica-. Es un delirio en términos de libertad de expresión y es el
comienzo del control", sostiene.

El derecho de autor aparece como el nudo de tensión, sobre todo en las
industrias de la música y audiovisual, donde el tráfico se mueve a
velocidades impresionantes: ante esta lógica diferente hay varias
corrientes de pensamiento, pero también hay intereses que se escudan
tras la vulneración de los derechos para ejercer el control de la
información que se intercambia a cada minuto.

"Hay una serie de autores que se sienten muy perjudicados por lo que
se llama piratería, hay otros a favor del `creative commons` y la
libre circulación de la creación, sin lugar a los derechos y están las
empresas que no es lo mismo que los creadores", enumera Calcagno, sin
olvidar a los autores que deciden ceder o hacer lo que desean
abiertamente con sus obras.

"Las empresas -sigue la especialista- comercializan los derechos a
través de películas, música y libros y en términos económicos, son las
que verdaderamente estarían recibiendo el impacto de la piratería
porque el pago de derechos de autor a los creadores han sido
históricamente bajos y esta explotación por parte de las empresas
también se ha denunciado, son muy pocos los autores que se llenan de
plata por sus obras".

Las transnacionales de música y las asociaciones gestoras de derechos
como SADAIC, Argentores, Capif, ADI o la Federación Internacional de
la Industria Fonográfica (IFPI) son, según Calcagno, algunas de las
que "hacen lobby más fuerte para que se cercene la libre circulación.
Son la punta de lanza a favor de estas leyes, que son distintas
pruebas legales para frenar el tráfico de contenidos culturales".

¿Qué rol tienen las proveedoras de internet? "Los que proveen el
servicio permiten que esta nueva circulación de cultura se masifique y
crezca tanto. Están altamente concentradas y son las grandes
beneficiadas de todo este negocio".

"Vos no robás un celular o un banco" dicen como lema las campañas
antipiratería apelando al usuario sin voluntad de pago.

"Justamente eso es lo que hay cuando todos los meses pagás tu abono de
internet y parte importante por la que el usuario paga es porque tiene
acceso a contenidos culturales como películas y música. Si no
ofrecieran esto, no sé cuántos hogares tendrían banda ancha sólo para
ver el mail", explica.

De hecho, en la ciudad de Buenos Aires la conectividad creció en los
hogares en los últimos diez años en un 80 por ciento, en la actualidad
el 90.2 por ciento de las casas tiene banda ancha. Otro ejemplo es
Formosa, la provincia más baja en conectividad, que en los de 2001 a
2011 triplicó las conexiones en hogares y el porcentaje pasó de 7 a
30.

Esta expansión habla de la voluntad de pagar pero, advierte la
socióloga, "los que se llevan la plata no son de una industria
cultural concentrada, no son los autores, sino las empresas
proveedoras de internet. No hay un problema económico, el negocio de
la cultura se está expandiendo, hay plata y se consume cultura cada
vez más. La gran disputa es cómo se va redistribuir ese negoción a
nivel mundial y Argentina no es la excepción".

Ante este panorama, muchos piensan, tanto en contra como a favor de la
piratería, que "una legislación analógica para un mundo digital no
sirve. No se puede regular pensando que el mercado cultural funciona
de una manera cuando ya no es así", enfatiza.

Entre las discusiones actuales en el ámbito local se habla de
impuestos que recaigan sobre las empresas de internet, un control
electrónico sobre lo que se descarga (no sobre quién) para que las
asociaciones de gestores paguen lo que le corresponde a cada autor, un
posible de un fondo de autores y creadores e intercambios legales y
gratuitos.

"Lo que se viene hablando acá es que hay que hacer una regulación
digital para un mundo digital y eso requiere pensar legislaciones que
no sean punitivas, que no vayan en contra de nadie -sostiene-. Tenemos
que acostumbrarnos a que esta es una nueva forma de comunicación que
hemos creado como sociedad. Tenemos que aceptarla y convivir con eso,
detectando donde hay una injusticia, y entender que a partir de ahora
nos vamos a comunicar así".

Desde la Dirección Nacional de Industria Culturales, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, se están planificando foros y
debates abiertos -que se anunciarán a lo largo de 2012- para pensar y
delinear proyectos de regulación y cultura digital en Argentina.

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