14.12.11

SANCION A EMPLEADORES QUE NO CUMPLAN.

SANCIÓN A EMPLEADORES QUE NO CUMPLAN ACUERDOS

El día 29/08/11 fue publicada en el boletín oficial la ley 26.696 que
introduce un tercer párrafo al Art. 275 de la Ley de Contrato de
Trabajo.

Esta nueva incorporación establece que: "Cuando por falta de
cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o
administrativa el trabajador se vea precisado a continuar y/o promover
la acción judicial, independientemente de las sanciones que tal
actitud genere, dicha conducta será calificada como 'temeraria y
maliciosa' y la suma adeudada devengará a favor del trabajador, desde
la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del
interés contemplado en el presente artículo".

Quizás la incorporación transcripta haya pasado desapercibida, sin
embargo, entendemos que los trabajadores y sus representantes, como
los empleadores y/o todas aquellas personas que se desarrollen en
tareas de dirección de la empresa, deben tener un cabal conocimiento
de la norma en cuestión, el desconocimiento acarreará enormes
perjuicios.

La figura de "temeridad y malicia" no es nueva en el ordenamiento
jurídico laboral, el Art 275 de la Ley de Contrato de Trabajo
contempla en su primer y segundo párrafo el deber de las partes de
obrar con buena fe en el desarrollo del proceso judicial, todo acto
contrario a ese deber realizado por el empleador, que obstaculice el
normal desarrollo del proceso a sabiendas de la propia sinrazón, debe
ser sancionado por el juzgador en oportunidad de dictar sentencia,
declarando la "temeridad y malicia", quedando al arbitrio del
sentenciante fijar el interés de condena de hasta dos veces y medio el
que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de
descuento de documentos comerciales.  Se consideran especialmente
comprendidos en la disposición, los casos en que los propósitos
obstruccionistas o dilatorios se articulen en accidentes de trabajo,
en los auxilios indispensables que se deben brindar en tales casos,
cuando se realicen actos en fraude del empleado, o bien, cuando se
cuestione la existencia misma de la relación laboral en forma
injustificada.

Antes de la reforma que hoy comentamos, los jueces han sido reticentes
a la hora de aplicar la sanción, ello podía darse por dos motivos, uno
por que la parte trabajadora no fundaba el pedido, no lo hacia con
claridad o bien hacia una referencia genérica del mismo en el escrito
de demanda, otro motivo por el cual la jurisprudencia ha sido
reticente en determinar la procedencia de la penalidad, obedecía a que
resultaba necesario merituar con suma prudencia su aplicación, de lo
contrario se podrían estar coartando garantías constitucionales, como
la de defensa en juicio consagrada en el Art 18 de la Constitución
Nacional. Es decir, no basta con que la parte empleadora despliegue
todo el abanico de herramientas procesales a su alcance para ejercer
su defensa y que estos planteos fueran desestimados por el juzgador,
ni siquiera que las defensas carezcan de sustento jurídico, es
necesario que se evidencie un comportamiento malintencionado, grave y
manifiesto.

Con la introducción del tercer párrafo del Art 275 de la Ley de
Contrato de Trabajo, se incluyen calificaciones legales que amplían
los presupuestos establecidos de conducta "temeraria y maliciosa",
asimismo se excluye de la esfera de interpretación judicial, la
calificación de la conducta, como también la facultad de determinar el
interés aplicable. Es así que cuando un acuerdo homologado en sede
administrativa (S.E.C.L.O, S.E.C.O.S.E o Ministerio de Trabajo) o en
sede judicial, no sea cumplido por el empleador, obligando al
trabajador a iniciar acciones para perseguir su cobro, dicha conducta
será calificada como "temeraria y maliciosa", razón por la cual, desde
la fecha de mora hasta la efectiva cancelación, la graduación de la
tasa de interés se elevará al máximo de su extensión, es decir, a dos
veces y media la que cobren los bancos oficiales para operaciones
corrientes de descuento de documentos comerciales. Todo ello sin
perjuicio de las restantes penalidades que genere el incumplimiento
del mismo acuerdo, o bien de las penalidades que surjan de la
legislación vigente.

De esta forma, las condiciones objetivas para que proceda la sanción
son dos, la primera que exista falta de cumplimiento de un acuerdo
homologado en sede judicial o administrativa por parte del empleador,
y la segunda que el trabajador promueva la acción judicial en procura
de perseguir el cobro del acuerdo.

En suma, con el agravante que introduce la ley 26.696, el legislador
tuvo en miras el principio protectorio que es un principio esencial
del derecho del trabajo, ello en virtud de que una gran cantidad de
acuerdos realizados entre trabajadores y empleadores, han sido
incumplidos por estos últimos luego de una notable reducción de los
montos originariamente pretendidos por la parte trabajadora, no
pudiendo luego volver al monto original, en razón de que la
homologación ha otorgado efecto de cosa juzgada.

Con la nueva redacción, el incumplimiento de un acuerdo laboral, ya
sea en la esfera judicial o extrajudicial, traerá aparejado graves
consecuencias económicas para el empleador.

(*) Para mayor información sobre el tema comunicarse con el Dr.
Maximiliano Villa, info@estudiocv.com


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